Viernes 04 de junio de 2010
A.M.J. / Ingenio
La nueva normativa europea, que regula la venta ambulante en las calles de los estados miembros y el Real Decreto 199/2010 de 26 de febrero que en consonancia con la misma lo hace en España, trae de cabeza a los representantes de los municipios canarios , responsables en esta materia, por su aplicación. Dado que según se recogen en dichas normas y debido a la escasez de suelo de titularidad municipal disponible para tal fin, el número de licencias de puestos ambulantes ha de ser limitado, pasando a ser el procedimiento de concesión de licencias de libre concurrencia.
Se podría dar el caso y seguramente se dé, que una familia que lleve "toda la vida" dedicándose a esto de la venta ambulante, pierda su puesto, al no establecerse criterios de antigüedad, ni de experiencia, ni de residencia en el municipio de venta, ni de ningún otro tipo que de ventaja a los "mercadilleros" de siempre, frente a los de nueva hornada, que si bien es cierto, que estos últimos también han de tener derecho a realizar una actividad con la que ganarse el pan, no es menos cierto que al ser limitadas las licencias, alguien se tendrá que quedar sin puesto. Y con la que está cayendo, con esto de la crisis, pues quizá no sea ni el mejor momento, ni la mejor solución para regular esto de los "mercadillos".
Por este motivo la Concejala de Comercio e Industria de Ingenio, Catalina Sánchez, acudió a una reunión invitada por la FECAM (Federación Canaria de Municipios), dónde entre otras cuestiones se abordó esta nueva problemática y sus posibles soluciones. La concejala ingeniense, recordó que Ingenio es el único municipio de Gran Canaria, que ha adaptado ya sus ordenanzas a estas normas supramunicipales, adecuándolas a la ley que ya está en vigor, si bien es cierto que se establece un periodo de tiempo para que los municipios de toda España y de toda Europa adapten sus leyes a esta nueva normativa europea.
Por otro lado parece existir una contradicción entre dos artículos de la mencionada norma europea, concretamente el 11 y el 12, que entrarían en conflicto en la cuestión de la licitación pública de licencias, motivo por el cual desde la FECAM se estudia la posibilidad de solicitar al Gobierno de España un informe que aclare esta cuestión. Si el informe declarase que se han de seguir estos criterios de licitación pública, la FECAM solicitará al Gobierno de Canarias que adecue la Ley Canaria de Comercio y que retrase la entrada en vigor de la norma Europea y de Real Decreto ya mencionados, a fin de tener más tiempo para adaptarse y generar criterios unificados de exigencia a los adjudicatarios.
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